Sin duda, una de las informaciones que han ocupado este 2024 son las relativas a Begoña Gómez, sobre todo, pero también a David Sánchez, mujer y hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respectivamente. Se trata de casos en los que a fecha de hoy no se ha demostrado que haya nada punible desde el punto de vista penal y que, sin embargo, han servido para que la derecha y la extrema derecha intenten inculpar el responsable del Ejecutivo.

En ambos casos además se han dado paralelismos claros tanto en la base de los casos como en los transcursos de los mismos. Una de las similitudes es que en ambos casos están involucrados actores de la ultraderecha, bien en forma de partido político como Vox; bien en forma de pseudosindicato como Manos Limpias, sin contar con el hostigamiento que algunas asociaciones también ultraconservadoras como Hazte Oír han llevado a cabo.

Por supuesto, otro de los puntos que son idénticos en ambos casos es evidente: las dos personas son familiares del responsable de Moncloa. Y otra de las aristas que podrían guardar similitudes es la de los jueces que llevan cada uno de los casos.

Así las cosas, el escenario en el que actualmente se encuentra lo relativo a la esposa de Sánchez se sitúa en una denuncia de Manos Limpias que después secundaría, entre otros, Vox, basada en recortes de prensa y en la que argumentan que Gómez había actuado “prevaliéndose de su estatus personal” al haber firmado una serie de cartas de recomendación a favor del empresario y codirector de la cátedra por la que se le investiga, Carlos Barrabés, si bien este empresario cerró contratos con administraciones de absolutamente todo color político, tal y como ha explicado en varias ocasiones este periódico.

Para más inri, el propio colectivo que denunció admitió que las informaciones en las que se había basado podrían ser “ciertas o no”. Sin embargo, el juez que analiza la causa, Juan Carlos Peinado, admitió a trámite la causa.

Hermano de Pedro Sánchez

Entretanto, lo que tiene que ver con David Sánchez comenzó con una demanda del mismo pseudosindicato por un delito contra la Hacienda Pública, malversación de fondos públicos y fraude, alegando que estaba cobrando “sin asistir a su puesto de trabajo” y que reside en Portugal para ahorrarse impuestos.