Las acusaciones populares han inundado de querellas los tribunales de justicia españoles en los últimos años. Se han convertido en auténticas protagonistas de la acción judicial. Y no importa el motivo: desde la corrupción y las medidas contra el covid hasta un programa de televisión, una bandera, una entrevista o el discurso de un diputado en el Congreso. Son cientos los procedimientos judiciales instados por asociaciones de ideología ultra. Casi todas tuvieron el buscado protagonismo mediático. Algunas durante meses o incluso años, como las que afectaron primero a dirigentes de Podemos y de partidos independentistas catalanes y ahora a la mujer y el hermano de Pedro Sánchez. Otras muchas denuncias generaron un ruido enorme antes de ser archivadas en silencio.

Además, la acción popular ha sido canibalizada por grupos con un sesgo ideológico muy determinado, que la utilizan para trasladar la batalla política al campo judicial. Las más conocidas, y activas, tienen un perfil inequívoco. HazteOír, Manos Limpias y Abogados Cristianos pertenecen a la ultraderecha ultracatólica. Otras con menos protagonismo mediático como la Fundación Foro Libertad y Alternativa o el Foro para la Concordia Civil, Nueva Política y Buen Gobierno, han sido fundadas o tienen en sus respectivas directivas a expolíticos ultraconservadores de primera línea como Alejo Vidal Quadras o Ignacio Camuñas, ambos fundadores de Vox, aunque ahora fuera del partido.

Lo cierto es que en España ha germinado todo un ecosistema de asociaciones y pequeños partidos que comparten, no sólo ideología y objetivos, sino también fundadores y directivos. Hay nombres que pasan de unas asociaciones a otras, o colaboran entre ellos, se premian entre sí… Tras examinar las actas de constitución y estatutos de más de 40 de estas agrupaciones, Público ha comprobado que muchos de sus líderes comparten militancia en Vox, unas siglas que se repiten en las actas de constitución y juntas directivas, o exhiben un pasado relacionado con Falange, Fuerza Nueva y hasta la Cedade, el partido nazi español disuelto en 1993.

Público ha investigado durante los últimos tres meses la actividad, las cuentas y las conexiones de estas organizaciones ultra. Éste es el primer artículo de una serie de investigación, que tendrá en total 10 entregas y se publicará a lo largo del mes de julio, que describe y analiza esta alianza de intereses y nombres en lo que bien podría definirse como una Brunete legal ultra.

«Una patente voracidad litigiosa»

Sólo en España existe una figura como la acción popular, que permite a cualquier ciudadano denunciar y personarse en un proceso penal como acusador, aunque no haya sido ofendido o perjudicado por el supuesto delito. Forma parte de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nada menos que desde 1872 y quedó consagrada en el artículo 125 de la Constitución española. Pero, a resultas de la notoriedad que ha adquirido en los últimos tiempos, algunos juristas han empezado a quejarse del abuso que ese puñado de asociaciones están haciendo de una figura pensada para garantizar la tutela judicial efectiva, reparar una posible inactividad de la Fiscalía y favorecer la participación de la ciudadanía en la justicia.

También los propios tribunales han expresado sus críticas en los mismos autos y sentencias donde desestimaban recursos o archivaban querellas. La Audiencia Provincial de Barcelona reprochaba a Manos Limpias su «hipertrofia acusatoria» –»la actividad de este sindicato no es otra que la de interponer denuncias”, apuntaba– en un auto de marzo de 2015 que rechazaba la personación del pseudosindicato en el caso Adif, sobre los sobrecostes y comisiones de la construcción de la línea del AVE. Cuatro años antes, el Tribunal Supremo ya había usado como argumento para imponer el pago de las costas a Manos Limpias, Libertad e Identidad, HazteOír, Fundación Denaes y Voces contra el Terrorismo su «patente voracidad litigiosa». Los cinco querellantes habían acusado de prevaricación a los magistrados del Tribunal Constitucional que avalaron la presencia de Bildu en las elecciones municipales y forales de 2011.

Estas asociaciones ultras disparan judicialmente contra todo lo que huela a izquierda o progresismo. Desde dirigentes políticos hasta medios satíricos como la Revista Mongolia.

Otra fuente generosa de querellas fue el procés. A Societat Civil Catalana, la asociación más renombrada por su batalla contra el nacionalismo catalán, se le unieron Impulso Ciudadano, integrada por antiguos miembros de Societat Civil y candidatos de Ciudadanos, y Abogados Catalanes por la Constitución, cuyo presidente perteneció a la ejecutiva de UPyD.

Además, la pandemia abrió un tercer frente judicial donde se plantaron un puñado de agrupaciones negacionistas del covid, que rechazaban las mascarillas obligatorias y cualquier medida restrictiva para evitar los contagios, e incluso negacionistas del cambio climático.

La sombra de Vox

Las conexiones con Vox son omnipresentes. Por ejemplo, en la asociación Educadores contra el Adoctrinamiento (ECA), cuyo presidente, portavoz y tres de sus siete vocales fueron en las listas de Vox en Pontevedra, Madrid, Cabanillas de la Sierra y Colmenar Viejo (Madrid) en distintas elecciones municipales y autonómicas. Otro de ellos fue coordinador de la OJE, la antigua organización juvenil franquista que hoy se dice independiente, y uno más pertenece a la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC). ECA se unió a la querella que interpusieron en 2022 Vox, la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, Liberum, la Asociación Nacional de Víctimas de los Políticos y el Proyecto Alexia Enséñanos contra Irene Montero, entonces ministra de Igualdad, por decir en el Congreso que la educación sexual es un derecho de los niños y las niñas. O como la Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por Coronavirus (Anvac), cuyos presidente, vicepresidenta y secretario se presentaron como candidatos de Vox a las elecciones generales y municipales en Cantabria.

Cristina Seguí no sólo es una de las fundadoras de Vox –y su breve presidenta en Valencia–, sino también de la asociación Gobiérna-Te, constituida en Valencia en 2014, que se querelló contra la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana Mónica Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada. Otro de sus fundadores es Borja Frigols Garrido, exmiembro del comité ejecutivo de Vox en Valencia hasta que abandonó el partido al tiempo que Seguí, ese mismo año 2014.

También han transitado por ese partido Alejo Vidal Quadras, presidente de la Fundación Foro Libertad y Alternativa –que se querelló contra el fiscal general del Estado y la vicepresidenta María Jesús Montero–, y otro de sus fundadores, Julio Ariza. Vidal Quadras participó activamente en el nacimiento de Vox, y Ariza, presidente de Intereconomía, se presentó en el último puesto de la lista del partido ultra en Barcelona en las elecciones generales de abril de 2019.

Lo mismo ocurre con Foro para la Concordia Civil. Ignacio Camuñas, uno de sus fundadores, fue vicepresidente de Vox, y Juan Antonio Maldonado Castillo, vicepresidente del Foro, concurrió como número dos del partido de Santiago Abascal en Loja (Granada) en las municipales de 2019.

Fundamentalismo religioso

Más allá de Vox, en el extremismo ideológico puede situarse a HazteOír, uno de los principales actores judiciales junto al pseudosindicato Manos Limpias, sin duda el campeón de la acusación popular por el número de querellas presentadas. La asociación, nacida como Instituto Phoenix en 2001, fue fundada por Luis Losada, subdirector de La Gaceta –diario ultraderechista propiedad del grupo Intereconomía–, y colaborador de 13TV –la televisión de la Conferencia Episcopal–, además de uno de los miembros señalados de El Yunque, al igual que el presidente de HazteOír, Ignacio Arsuaga. Esa secta secreta, fundada en México en los años 50, utiliza métodos para «instaurar el reinado de Cristo en la tierra» que incluso han merecido el reproche público de algunos obispos españoles. Al ecosistema ultra, HazteOír aporta, en principio, el barniz del fundamentalismo religioso. Pero muchos de sus objetivos en los tribunales tienen poco que ver con supuestas ofensas al catolicismo: se han personado en el caso contra la mujer del presidente del Gobierno, contra el ministro del Interior por la visita de Carles Puigdemont a Barcelona en agosto de 2024, contra la ley de amnistía o contra el fiscal general del Estado por la filtración del correo del novio de Isabel Díaz Ayuso.

El ultracatolicismo preconciliar de HazteOír es también el de Abogados Cristianos, constituida como fundación y en cuyo patronato se sienta un miembro de Vox, Alfonso González Rodríguez-Vilariño, que presume de haberse afiliado al partido en 2014 «el mismo día que se presentó en público». Fue candidato del partido de Abascal a las elecciones municipales de Valladolid, al Senado y al Parlamento de Castilla y León. Está casado con la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos Flórez. La fundación arremete contra cualquier administración que decida quitar una cruz en una plaza o poner una bandera arcoíris en un edificio público, al tiempo que demanda a las revistas satíricas El Jueves y Mongolia o al alcalde de Soria por procesar en un «papamóvil» simulado y al Defensor del Pueblo por el informe sobre los abusos sexuales en la Iglesia. Lo que no le impide querellarse también contra el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, por algo tan secular como la Ley de Amnistía.

Partidos que quieren acabar con la partidocracia

Entre los habituales de la acusación popular hay además un puñado de pequeños partidos políticos extraparlamentarios. Es el caso de Derecha Liberal Española, que incluye en los estatutos como una de sus actividades personarse como acusación popular «en todas aquellas causas que se abran contra cargos políticos y funcionarios por delitos contra el orden constitucional o por la malversación o defraudación de caudales públicos». Lo hizo con una querella contra el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia por los indultos del procés. Derecha Liberal Española fue creado en 2014 por un grupo de abogados madrileños que se decían decepcionados con el PP. Según analizan en sus estatutos, tras reunir en las elecciones de noviembre de 2011 «la mayor confianza a ningún partido desde la Constitución de 1978», el PP no utilizó esa mayoría «para realizar las modificaciones legislativas necesarias para corregir la deriva que el Gobierno del PSOE había introducido en el rumbo de España durante los siete años anteriores». Primero crearon Nosotros y Tú, y después Derecha Liberal Española, que propugna «una España única, indivisible y soberana», pide la supresión de los parlamentos autonómicos, y la disolución del Senado y las diputaciones provinciales, así como del Tribunal Constitucional.

Iustitia Europa tiene una profusa actividad judicial pero escaso éxito en las urnas –obtuvo 26.661 votos en las elecciones europeas de 2024–. Surgido de una asociación llamada Liberum, que fundó un grupo de mujeres asturianas en 2021 para «restaurar los derechos y libertades usurpados» durante la pandemia, reclama la «despartidización del Estado y las instituciones», quiere «más España, menos Europa» y lucha contra la Agenda 2030 –un objetivo común de la extrema derecha–. Sobre inmigración, «España controla, España segura» es el resumen de su programa. Iustitia Europa ha demandado lo mismo al juez Santiago Pedraz por haber ordenado el cierre de Telegram que a la ministra de Sanidad, Mónica García, por unas declaraciones contra las pseudoterapias que el partido consideró delito de odio, o al presidente del Gobierno por el caso de su mujer.  

El Partido Laócrata empezó recurriendo las medidas contra el covid decretadas en cada comunidad autónoma –todos los recursos fueron desestimados–, siguió con el decreto del estado de alarma –el Supremo ni siquiera admitió el recurso– y terminó querellándose por prevaricacióncontra el entonces ministro de Transporte, José Luis Ábalos,por la escala de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas –que igualmente inadmitió el Supremo–. El partido se disolvió en 2022, pero continúa «como movimiento social hacia la laocracia en el mundo», un sistema político que se define como el poder del pueblo, el «perfeccionamiento y acabamiento de la democracia». Para alcanzarlo, como Iustitia Europa, los laócratas abogan por «liberar a la política de los políticos profesionales y la partidocracia».

El Partido por la Libertad se unió a Vox en la acusación popular contra los líderes independentistas del procés. Su trayectoria y dirigentes tienen un perfil más claro que los partidos antes descritos. De hecho, terminó integrándose en Vox en 2018, tras haber intentado una alianza con Plataforma por Cataluña, España 2000 y Manos Limpias para ocupar en España el espacio político de Marine Le Pen en Francia. No es de extrañar, porque José María Ruiz Puerta, abogado del pseudosindicato, también presidía el Partido por la Libertad. En 2019, medios digitales de la extrema derecha publicaron que Vox había expulsado a Ruiz Puerta al enterarse de que, desde octubre de 1982 hasta junio de 1983, había sido secretario de Cedade, el partido nazi español que dirigió durante años Pedro Varela. Varela fue el primer condenado en España por apología del genocidio e incitación al odio racial: un juez le impuso cinco años de cárcel por distribuir en todo el mundo desde su librería de Barcelona publicaciones que justificaban el holocausto. Ruiz Puerta fue su abogado defensor en esa causa.

Multas por abuso de derecho

En unos tribunales ya de por sí lastrados por la escasez de medios y personal, la «voracidad litigiosa» de la que se quejaba el Tribunal Supremo es mucho más que una anécdota. «Esta Sala Segunda no es un juzgado de guardia de cualquier asunto mediático», concluían los jueces del alto tribunal en un auto del pasado marzo donde rechazaban una demanda de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción que consideraban un fraude de ley.

«El escrito en modo alguno merece la consideración de denuncia», establece el Supremo. Por el contrario, se trata de «un mero digo que dice, de muy diverso origen y consistencia; en todo caso un muy parco, fragmentario y siempre incompleto relato del investigado, en síntesis, donde la mayoría de las veces ni siquiera se describe hecho concreto realizado u omitido por el denunciado», descalificaba el tribunal. Es comprensible. La asociación se querellaba contra 44 personas, familiares o integrantes del Gobierno o vinculados al PSOE, así como contra cuatro fiscales «corruptos» y 33 personas más como corruptores, entre empresarios y guardias civiles, además de profesionales liberales y catedráticos. ¿Los motivos? Desde el Delcygate, el caso Begoña Gómez y el caso David Sánchez hasta el caso mascarillas, el caso Koldo, la causa contra el fiscal general del Estado, el caso Tito Berni…

El malestar del Supremo se convirtió en multa cuando Iustitia Europa persistió en su querella contra el juez Santiago Pedraz tras rectificar la polémica suspensión de Telegram en España que había ordenado poco antes. El partido le acusaba de prevaricar por haber bloqueado la aplicación, pero también por haber enmendado su decisión inicial después. Alegaba que la necesidad de cambiar de canal de comunicación le habría ocasionado graves perjuicios a su actividad política futura.

El Supremo establece que Iustitia Europa conculcaba con su «pertinaz obstinación» las reglas de «la buena fe procesal incurriendo en manifiesto abuso de derecho». «Cuando el instructor rectifica, a la vista de la información que había recabado sobre las repercusiones de la medida, la querellante no sólo insiste en la calificación como dolosa de su actuación (lo que se compadece muy mal con esa inmediata rectificación), sino que endosa también la condición de prevaricadoras a las resoluciones que han llevado a cancelar la medida que tanto les perjudicaba». Pese al evidente enojo del tribunal, la multa fue sólo de 800 euros, porque el propósito del castigo se limita a «llamar la atención para poner coto a este tipo de actuaciones que frivolizan con la acción penal».

Ni las multas ni las fianzas, algunas de hasta 20.000 euros, que les imponen los tribunales para personarse, desaniman a las acusaciones populares. Cuentan con suficiente dinero para perderlas, una y otra vez, porque la mayor parte de las veces sus querellas terminan archivadas. Algunas de estas asociaciones renuncian a las subvenciones públicas para financiarse, si se hace caso a sus estatutos; otras no tienen problema con ellas. Y todas dicen vivir de la generosidad de sus miembros, que pagan cuotas y hacen donaciones.

Problemas de deontología profesional

El empecinamiento y la frivolidad de estas acusaciones populares atenta en ocasiones contra la deontología profesional. El Supremo trasladó al Colegio de Abogados de Madrid la conducta del abogado que presentó una querella contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y varios magistrados de la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y varios fiscales, en nombre de la Asociación Libertad y Justicia. Les acusaba de prevaricación, malversación, violación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos por un caso de supuesta corrupción en el municipio jienense de Jódar. Según destacaba el Supremo, el escrito de la querella contenía expresiones que podían ser «lesivas para la dignidad» tanto de los querellados como de los ciudadanos de Jódar. También incluía «imágenes de la iconografía artística histórica de carácter provocativo e insolente, para explicar el significado de determinadas expresiones que pueden ser consideradas groseras». La Sala pedía al Colegio de Abogados de Madrid que investigara, y en su caso sancionara, la actuación profesional del letrado. Quien, además, había presentado una querella basándose en «unos hechos meramente sospechosos» por si podían ser delito, que el tribunal desautoriza como una «investigación prospectiva, sin aportar un indicio objetivo».

El Colegio de Abogados de Madrid se ha negado a facilitar a Público ningún detalle sobre este asunto. «Al tratarse de materia reservada, como son todos los asuntos deontológicos, no cabe dar información de ningún tipo, ni siquiera para confirmar si se ha recibido o no una queja», explica un portavoz. En parecidos términos se ha pronunciado el Tribunal Supremo.

También la Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA) denunció ante el Colegio de Madrid a Abogados Cristianos. En plena primera ola de la pandemia, Abogados Cristianos ofrecía en el mismo hospital asistencia legal a los familiares de los fallecidos por el covid, lo que ALA consideraba una captación desleal de clientes, prohibida por el Código Deontológico de la Abogacía Española. El Colegio no llegó a actuar, según ha asegurado un portavoz de ALA.

Que la finezza no es el fuerte de estas acusaciones populares también lo demuestra la multa por temeridad que el Supremo impuso a Abogados Cristianos por el despido improcedente de una de sus letradas durante una baja laboral. Además, los condenó a pagar las costas «en su cuantía máxima» y a la pérdida del depósito que hizo para presentar el recurso. La sentencia, aparte de desestimar la demanda de Abogados Cristianos, les acusa de incurrir en un «claro abuso de jurisdicción» y en «una conducta difícilmente explicable» por acudir al Supremo cuando la sentencia cuya revisión pide al tribunal no es aún firme.

De Rodríguez Menéndez al ‘caso Ausbanc’

La conducta procesal de estas acusaciones no es, en realidad, sorpresiva si se recuerdan quiénes fueron sus pioneros. El abogado Emilio Rodríguez Menéndez fue uno de ellos. Constituyó la Asociación Pro Justicia siglo XXI en 2014 y con ella denunció al entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, y al director de los Mossos d’Esquadra, Albert Balle, por no haber perseguido un delito de injurias al Rey y ultraje a los símbolos de España cuando el Camp Nou silbó el himno de España en la final de la Copa de Fútbol de 2015. También se unió a Manos Limpias en una denuncia por el caso de los ERE y se querelló contra Juan Carlos Monedero por blanqueo de capitales.

Rodríguez Menéndez, que ha pasado largas temporadas en la cárcel, acumula unas cuantas condenas, la última de 2023 a cuatro años de prisión por estafar a unos inversores con un falso negocio de compraventa de petróleo.

Pero el mayor golpe contra la acusación popular fue el caso Ausbanc, que destapó la operativa que Manos Limpias compartía con esa asociación de defensa de los usuarios de banca. En julio de 2021, la Audiencia Nacional condenó a ocho años de cárcel al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y a cuatro años al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, por extorsionar a entidades bancarias y empresas: les pedían dinero a cambio de evitar acciones judiciales o campañas de descrédito.

Los jueces consideraron probado que Bernad se reunió con el director general de la Fundación La Caixa, Jaume Giró, y le ofreció retirar la acusación de Manos Limpias contra la infanta Cristina en el caso Nóos a cambio de dos millones de euros. La infanta trabajó para La Caixa hasta 2020. Otro tanto hizo Luis Pineda con el directivo del Banco Sabadell Gonzalo Barretino, pero el precio fue mayor: tres millones de euros. Barretino lo denunció a la policía. Pero en marzo de 2024 el Tribunal Supremo los absolvió. En una argumentación sorprendente, los jueces consideraron que las actuaciones de Bernad y Pineda eran «censurables» desde «la valoración ética», pero no alcanzaban el delito de extorsión porque no llegaron a la «intimidación».

Premios e insultos

Todos los años HazteOír entrega sus Premios HO, que «reconocen la labor de personalidades y entidades por su defensa de la vida, la libertad, la verdad y los valores fundamentales de España». El pasado junio los recibieron, entre otros, Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa; Miguel Bernad, de Manos Limpias, y Aitor Guisasola, del Movimiento para la Regeneración Política de España. Tres significados adalides de la acusación popular. Compartieron galardón con el agitador Vito Quiles y con Juan García-Gallardo, exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y exlíder de Vox en esa comunidad autónoma.

Guisasola, que alimenta un canal de YouTube llamado Un abogado contra la demagogia con 521.000 seguidores, pretende «sustituir el sistema de partidos políticos creado en 1978 por una democracia real, directa y participativa», tal y como rezan los estatutos de la asociación que preside. En el camino hacia ese fin, ha utilizado algunos de sus vídeos para dar pábulo, por ejemplo, a uno de los bulos favoritos de la ultraderecha: que Begoña Gómez es transexual.

El discurso de agradecimiento que dio en la gala de los premios sirve para dibujar su perfil. Guisasola comenzó atacando los «vacunódromos», donde se vacunaba a los ciudadanos «como terneros» durante la pandemia, para a continuación denunciar que la «maquinaria del Estado» quiere «aplastar» a los que, como él, se «atreven a ser acusación popular» en procedimientos «contra ellos». El abogado vizcaíno arrancó aplausos cuando clamó contra la reforma judicial propuesta por el Gobierno, mientras los asistentes, agrupados en mesas con mantel en el salón de un hotel de cinco estrellas madrileño, gritaban «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!».