El Ministerio de Transición Ecológica ha adjudicado en los dos últimos años casi 270 millones de euros a empresas privadas para contratar helicópteros y aviones con los que apoyar a las comunidades autónomas en la extinción de incendios. De esa cantidad, 156,4 millones corresponden a un macrocontrato para tres años –2025, 2026 y 2027– dividido en 17 lotes que se han repartido ocho operadores aéreos. Es el precio que el Gobierno está pagando por el servicio que prestan 43 aeronaves, de las que 32 son helicópteros, cinco son aviones anfibios y seis, aviones de carga.

El resto de los contratos corresponden a adjudicaciones por el procedimiento negociado sin publicidad, que también se repartieron esas mismas empresas privadas, acompañadas de alguna más. Se trata de seis licitaciones por la vía de urgencia, por la que se contrataron 50 aeronaves –32 helicópteros, cuatro aviones anfibios, ocho aviones de carga y cuatro de coordinación y observación– para la campaña de verano de 2024.

El motivo de que el ministerio recurriera a este procedimiento de urgencia y adjudicación a dedo  –se invita a un número limitado de empresas a concursar, con las que se negocian las condiciones– fue el recurso que la Asociación de Trabajos Aéreos y de Emergencia (Ataire), que agrupa al 80% de las empresas del sector, presentó ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) contra una licitación anterior, para los años 2024, 2025 y 2026, por importe de 134,16 millones de euros, a fin de prestar el mencionado servicio aéreo de apoyo a las comunidades autónomas. Pese a que el ministerio había aumentado los importes ofrecidos a las empresas –un 26% para los helicópteros medios de transporte de brigadas y lanzamiento de agua, un 30% para los aviones de carga y hasta un 105% para los anfibios–, Ataire reclamaba que se suspendiera el procedimiento porque los precios ofertados no incluían el «beneficio industrial», entre otros motivos. De hecho, al concurso sólo se presentó una empresa, y 18 de los 20 lotes quedaron desiertos

Finalmente, el TARC falló en marzo de 2024 a favor del ministerio, que tuvo que tramitar de urgencia la contratación de los medios aéreos necesarios para la campaña de verano de 2024, adelantada al 1 de junio. Esas 50 aeronaves contratadas a dedo y de urgencia son más de las 47 que se habían empleado hasta entonces, y los precios de la licitación fueron superiores, debido a «los sobrecostes asociados a la puesta en servicio y alquiler, con carácter urgente y únicamente para la campaña de verano» de estos aparatos. Así lo explica la memoria justificativa incluida en la documentación que el ministerio ha publicado en la Plataforma de la Contratación del Estado.

En ella, Transición Ecológica admite que el sector de la extinción de incendios con medios aéreos es un «monopolio de facto u oligopolio», compuesto por un «reducido número de fabricantes de aeronaves y de empresas operadoras». Así, Avincis tiene un 80% de cuota en el mercado de los servicios aéreos de emergencias, que además de la lucha contraincendios incluye el salvamento marítimo y las emergencias sanitarias. Del macrocontrato trianual, la empresa se hizo con 44,77 de los 156,4 millones de la licitación. Y con otros 22 millones de los seis contratos negociados sin publicidad. Según anunció en un comunicado la propia Avincis, desplegará 10 helicópteros entre este año y 2027 en virtud de este dispositivo. Además, suministrará cuatro aeronaves a la Junta de Castilla-La Mancha y ha recibido adjudicaciones de los gobiernos autonómicos de Andalucía, Aragón, la Comunitat Valenciana y Galicia.

En total, las comunidades autónomas contratan cada año unas 200 aeronaves para combatir los incendios, que se suman a la cincuentena del ministerio y a los 14 aviones anfibios que proporciona el Ejército del Aire.

Una vez resuelta con esos contratos de urgencia la campaña de 2024, Transición Ecológica preparó una nueva licitación trianual, para lo que volvió a subir el presupuesto del contrato: un 37% el de los helicópteros que lanzan agua y transportan a los brigadistas, un 46% el de los aviones anfibios y los helicópteros semipesados, y un 45% el de los aviones de carga. Además, tenía que sustituir a los helicópteros bombarderos Kamov, de fabricacion rusa. Desde 2024, estos gigantes, capaces de descargar 4.500 kilos de agua, no están operativos debido a las sanciones impuestas por la UE al régimen de Vladimir Putin tras la invasión de Ucrania.

Según justifica el ministerio en la memoria, el aumento de los importes se debe no sólo a que los periodos de ejecución en el nuevo contrato son mayores –más meses de servicio–, sino también al alza en los precios unitarios, por día. Es más, asegura que se tuvo en cuenta la subida de los costes de amortización de las aeronaves y el «incremento de los costes salariales de los pilotos».

El aumento de precios no se traslado a los salarios

Enrique Durán, coordinador general del Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos (SLTA), lo niega. Dice que sus sueldos llevan sin actualizar la inflación desde 2015. «Hemos perdido un 30% de poder adquisitivo», resume. Tanto es así que el sindicato convocó una huelga indefinida en Avincis y en Pegasus, la segunda empresa del sector, justo antes de que comenzara la oleada de incendios. La han aplazado hasta septiembre dada la situación de emergencia extrema que atraviesa España por culpa del fuego. El argumento de las empresas para congelar el sueldo de sus trabajadores es siempre el mismo, protesta Durán: los bajos precios de las licitaciones públicas que constituyen el grueso de su cartera de negocio. El SLTA, que dice hacer un seguimiento detallado de estos contratos, asegura que los presupuestos de las licitaciones han mejorado una media del 30% en los últimos años, pero que esas subidas no se trasladan a los sueldos de las plantillas. «Se parte de un error administrativo: se da mucho valor en puntos al precio, en detrimento de la calidad del servicio, por lo que se incentiva a las empresas para que compitan rebajándolos, en lugar de premiar que se ofrezcan helicópteros de sustitución, o formación para los pilotos y técnicos de mantenimiento, por ejemplo», explica Enrique Durán. Lo que redunda en una precarización de la operativa y de la seguridad de los helicópteros.

Los pilotos se quejan también de que trabajan hasta 2.000 horas al año, con turnos diarios de 12 horas y programaciones de 22 días al mes. «En la campaña de verano, cinco meses, podemos hacer 1.300 horas, cuando un médico trabaja 1.500 en todo un año», detalla el coordinador del SLTA. Un copiloto recién incorporado tras acabar su formación  –y pagar 120.000 euros por su licencia–  cobra 1.500 o 1.600 euros netos al mes durante los primeros cuatro o cinco años, apunta. Un comandante con experiencia en Salvamento Marítimo puede llegar a los 60.000 euros anuales, lejos por tanto de los 200.000 euros que percibe uno de sus colegas en la aviación comercial. «Por eso estamos perdiendo mucho talento en España», lamenta Durán, un país que cuenta con profesionales «muy cotizados en el extranjero». Muchos prefieren trasladarse a Arabia Saudí, donde ganan el triple.

Público ha preguntado tanto al Ministerio de Transición Ecológica como a Avincis por estos contratos, pero no ha obtenido respuesta al cierre de esta edición.

Cuando el dueño es un fondo de inversión

Avincis es el nombre actual de la empresa que hasta 2023 era Babcock España y antes aún, hasta 2014, se conocía como Inaer. Ésta, a su vez, nació en 2003 de la fusión de Helicsa Helicópteros y Helicópteros Sureste. En 2010 Inaer fue la protagonista de la que por entonces fue la mayor operación de capital riesgo en España. El fondo KKR, de actualidad por sus vínculos con Israel y dueño de los principales festivales de música, compró el 49,9% de la empresa. El otro 50,1% pertenecía a Investindustrial, propiedad de la familia italiana Bonomi, que posee participaciones en Port Aventura o el Grupo Recoletos, entre otras grandes empresas españolas. KKR pagó entonces 350 millones de euros por la mitad de Inaer. Cuando KKR y Bonomi la vendieron a la británica Babcock, la operación les reportó 2.000 millones.

En marzo de 2023 otro fondo de inversión, el británico Ancala Partners, pagó 136,2 millones de euros sólo por el negocio de servicios de emergencia en España, Portugal, Italia, Noruega, Suecia y Finlandia de Babcock. El actual dueño de Avincis ha trasladado la sede central de la empresa de Alicante a Lisboa.

Sin embargo, los cambios de propiedad y de nombre no han modificado un ápice la gestión, advierte Enrique Durán: «A los fondos de inversión no les importan las condiciones laborales». Desde que se llama Avancis, ya se han convocado dos huelgas, una de mecánicos y otra de pilotos. Según figura en su página web, en España tiene 1.200 empleados en plantilla, de los que 300 están dedicados a la lucha contra el fuego. Se distribuyen en 90 bases, desde donde operan 120 aeronaves. De ellas, 39 se dedican a apagar incendios.

Pegasus, que  hasta 2019 se denominaba Faasa, es la segunda empresa del sector. Se hizo con 37,72 millones de euros del último megacontrato trianual adjudicado por Transición Ecológica, y con 18,21 millones de las seis contratos negociados sin publicidad de 2024. Cuenta con 600 trabajadores y un centenar de aparatos repartidos en 135 bases, no sólo en España sino también en Italia, Chile, Perú y Uruguay.