Isabel Díaz Ayuso preside la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Sobre la mesa, cuatro sentencias judiciales a favor de Quirón, la empresa que administra cuatro hospitales públicos de gestión privada clave para la región. Hay que pagar 44 millones de euros por pleitos que se arrastran desde 2015. Al hacerlo, el Gobierno añade un ladrillo más al laberinto administrativo y judicial que lleva años dificultando que se sepa cuánto le paga a este transatlántico sanitario por atender a los madrileños. Hasta ahora. Entre 2019 y 2024, el Ejecutivo que preside Ayuso le pagó 5.036 millones a Quirón, según información remitida a EL PAÍS por José Nieves González, consejero delegado de la Agencia de Contratación Sanitaria, en aplicación de la ley de transparencia.

“Este modelo de gestión nos sale carísimo a los madrileños”, lamenta Marta Carmona, diputada de Más Madrid en la Asamblea regional. “En opacidad, en racaneo presupuestario a los hospitales de gestión directa [los puramente públicos] y en la millonada que se nos va en la empresa favorita de la consejería de sanidad”, detalla, en referencia a Quirón. Y remata: “No quieren arrojar luz sobre cuánto cuesta a los madrileños un sistema pensado para lucrar el negocio de algunos ciudadanos particulares que parasita la asistencia sanitaria de todos los madrileños”.

Esto contrapone un portavoz de la Consejería de Sanidad: “La fiscalización es exhaustiva, y pasa numerosas auditorías. Cámara de Cuentas incluida. Los gastos son similares a otros hospitales públicos de similares características. Sus pacientes muestran una gran satisfacción”.

La relación entre la Comunidad de Madrid y Quirón es objeto de una triple polémica. De un lado, por ser ejemplo paradigmático de la colaboración público-privada en sanidad a través de la Fundación Jiménez Díaz de la capital (que opera con un convenio singular), el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, el Infanta Elena de Valdemoro y el Hospital General de Villalba (donde todos los servicios son operados por Quirón en régimen de concesión).

Del otro, porque el conglomerado recibe miles de millones del Gobierno de Madrid a través de Quirónsalud, y ha sido, a través de Quirónprevención, el principal cliente de la empresa del novio de la presidenta regional, Alberto González Amador, investigado judicialmente por sus negocios durante la pandemia. Ese caso ha puesto bajo los focos la relación del empresario con uno de los directivos del grupo, y ha llevado a la imputación de la pareja de este.

Y, finalmente, por la opacidad de un sistema en el que los pagos tardan años en producirse, y son sujeto de constantes pleitos administrativos y judiciales, lo que provoca las quejas de la oposición sobre la dificultad para obtener datos de gasto e inversión por parte de la Comunidad de Madrid.

Por ejemplo, los pagos anuales admitidos en la comunicación remitida a este diario no concuerdan con los recogidos para los mismos hospitales y los mismos años en las Cuentas de los Entes del Sector Público con presupuesto de gastos limitativo (SERMAS) que audita la Intervención regional. Pese a esa discrepancia en los pagos anuales, los totales del periodo analizado para esta comparativa (2019-2023, pues aún no están disponibles los datos de 2024) apenas se diferencian en un millón de euros.

“Lo que está claro es que la financiación de estos hospitales es opaca y la rendición de cuentas también lo es, lo cual alimentan las sospechas de un trato de favor escandaloso”, lamenta José Manuel Freire, exconsejero de Sanidad en el País Vasco, exdiputado del PSOE en la Asamblea de Madrid y profesor emérito del departamento de Salud Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad. Esa falta de transparencia se refleja también en la respuesta enviada a este diario, en la que se omite la información solicitada sobre el motivo de los pagos (cuánto se debe al canon anual que paga la Administración, cuánto a pacientes atendidos por libre elección…); los pagos pendientes de realizar por estar sujetos a litigio; y el motivo por el que aún no se han hecho.

La oposición, además, se queja de que las empresas privadas han conseguido maximizar económicamente su relación con el sistema sanitario público de Madrid, entre otras cosas abriendo mañana y tarde sus consultas y quirófanos para facilitar la afluencia de pacientes, o especializándose en las afecciones y procesos de mayor rentabilidad.

Fachada del hospital de Quirón en Pozuelo de Alarcón (Madrid).Oscar J. Barroso / Europa Press

La libre elección que se aplica en la región permite que los pacientes elijan el hospital al que acuden. Como cada hospital tiene una población adscrita, atender a un enfermo de otro centro se cobra. Si la instalación es pública, el dinero va a una caja común. Si es de gestión privada, a sus cuentas. Esa diferencia alimenta un círculo virtuoso a favor de las empresas sanitarias que operan en el sistema sanitario público: a más pacientes externos, más dinero; a más dinero, mejores instalaciones y menos listas de espera; a mejores instalaciones y menos listas de espera, más pacientes externos.

Además, esa facturación intercentros solo existe entre los hospitales de gestión privada y los de gestión pública. Así, no se da entre los hospitales de gestión pública.

Finalmente, la Comunidad le paga anualmente a Quirónsalud por los servicios prestados de acuerdo a unas tarifas establecidas en un convenio con la Jiménez Díaz. Con el resto de centros hay un pago de base, y luego una facturación por uso que se somete a posteriori a un triple examen, según la Administración, y suele ser el origen de los litigios.

La fórmula no ha favorecido únicamente a Quirón. El hospital de Torrejón, que opera el grupo Ribera Salud, obtuvo 589 millones en el mismo periodo, según los datos del gobierno. En total, son casi 6.000 millones en seis años para cinco hospitales de gestión indirecta. Una factura que, previsiblemente, seguirá creciendo con carácter retroactivo.

El grupo Quirónsalud que se ofrece como Empresa española, es propiedad del grupo alemán Fresenius, específicamente de su filial Fresenius Helios.

En 2016, Fresenius Helios adquirió Quirón salud por 5.760 millones de euros. es de suponer que al menos un 50% provenía de los regalos de la Comunidad de Madrid gentada entonces por Esperanza Aguire

Así, una fuente conocedora del pulso soterrado que disputan la administración y los hospitales señala que la facturación del ejercicio 2024 no está cerrada, y que hay pleitos pendientes de resolución. Sin embargo, otros muchos se han cerrado ya. La deuda oculta de Madrid con los cuatro hospitales de Quirón se ha reducido a toda velocidad con Ayuso en el poder: de 1.000 a 455 millones.

En lo que a la sanidad se refiere se diseñó un proceso lento, pero demoledor, ejecutado por los grandes medios de comunicación de deslegitimación y crítica de lo público por ser «despilfarrador», «burocrático», «ineficiente», «sostenedor de privilegios funcionariales», etc.

TODO ELLO ES TAN SOLO LA PUNTA DEL ICEBERG

El volumen de saqueo de las privatizaciones , hace a la Comunidad de Madrid nadar en dinero, 12.885.407,- euros para comprar a los medios afines , conseguir juzgar al Fiscal General del Estado por un bulo descarado , que cualquier ciudadano español con un simple bulo o recorte de periódico puede ser juzgado sin prueba alguna , incluso algo tan grave como no admitir pruebas de reputados periodistas, coloca a la justicia en un grado máximo de desconfianza ciudadana, lo mas triste es que todo es dinero.

En este caso dinero de los contribuyentes , desde el mas humilde al mayor cargo empresarial todos cotizamos a la Sanidad Publica, todos hemos pagado esos Hospitales privatizados , que ahora nos han robado.

Los ciudadanos deben ser conscientes  que las inversiones públicas en colegios, universidades, sanidad pública, hospitales y vivienda pública se financian con sus propios impuestos y contribuciones. Estas inversiones son un gasto público que tiene el objetivo de proporcionar servicios e infraestructura esenciales para el bienestar general de la sociedad. 

 

 Nunca más negocio con la sanidad

 1. Derogación de la ley 15/97 y del artículo 90 de la Ley General de Sanidad. Rescate de todo lo privatizado. Potenciación y desarrollo de un nuevo modelo de atención primaria centrada en la salud colectiva, y no solo en la atención individual. Supresión de redes paralelas. Incompatibilidad absoluta público-privado. Fuera las empresas de la sanidad. Sanciones y/o intervención de aquellos centros privados que no han utilizado sus recursos o han cerrado en plena pandemia.

2. Por una industria sanitaria y farmacéutica pública.                                          

3. Sanidad para todos, independientemente de la situación administrativa.

4. Cuidados de nuestros mayores con dignidad

5. Por un sistema sanitario centrado en los determinantes sociales de la salud y la enfermedad.

Por un sistema público, universal, y con gestión democrática

Un sistema de privatizaciones y comisiones que se perpetúa

El problema de las privatizaciones no es nuevo; ha continuado y se ha intensificado.

Comenzo con Felipe Gonzalez y Jose Maria Aznar hasta las dos ultimas presidentas de la Comunidad de Madrid  el desfalco se sigue incrementando ,

HOY, LA PRIVATIZACION NO ESTA SOLO EN LOS HOSPITALES, CADA HOSPITAL GUARDA EN SU INTERIOR ENTRE 20 Y 30 PRIVATIZACIONES

– · La multitud de servicios privatizados, muchos desde hace décadas,  algunos esenciales como servicios de limpieza, cocinas, lavanderías,  mantenimiento, laboratorios, seguridad, archivo de historias,  diagnóstico por la imagen, radiología, etc., con el correspondiente deterioro del servicio y cuyos concesionarios son bancos, inmobiliarias, farmacéuticas o fondos de capital-riesgo.

– Se introdujo masivamente la precariedad entre los trabajadores de la sanidad.

– De forma lenta, pero sistemática se fueron reduciendo plantillas y camas públicas, al tiempo que se extendía la concertación de las intervenciones quirúrgicas con la sanidad privada.

es obligada una auditoria YA