Los hospitales de Quirón y Ribera Salud pasaron en 2024 al Gobierno de Ayuso una factura de 2.194 millones
- El último informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas madrileña constata un aumento de más del 60% en las partidas destinadas a los hospitales gestionados con el modelo de concesión.
- Sanidad triplicó en 2024 los pagos de liquidaciones atrasadas a ambos grupos privados: les abonó un total de 910 millones.
- Begoña P. Ramírez Actualizado a
El modelo de gestión destapado en el discurso de Pablo Gallart, consejero delegado del grupo Ribera Salud, a los directivos del Hospital de Torrejón ha llevado de nuevo al punto de ebullición el polémico, y caro, sistema de colaboración público-privada de la sanidad madrileña. El informe que ha elaborado la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid tras fiscalizar su cuenta general, y que aprobó el Consejo de Gobierno el pasado día 23, ofrece algunas pistas sobre el precio que los contribuyentes madrileños están pagando a los hospitales gestionados bajo concesión administrativa y bajo concesión de obra pública. La gestión sanitaria de los primeros –Rey Juan Carlos (Móstoles), Villalba, Infanta Elena (Valdemoro) y Fundación Jiménez Díaz– corre a cargo de los grupos Quirón y Ribera Salud –Torrejón–. En los segundos –Infanta Leonor, Infanta Sofía, Majadahonda-Puerta de Hierro, Infanta Cristina, Sureste, Tajo y Henares– la gestión sanitaria es pública, pero la de los servicios no asistenciales es responsabilidad de empresas privadas, desde constructoras hasta fondos de inversión.
Por todos ellos, la Comunidad de Madrid paga cada año la factura correspondiente. Según el informe de la Cámara de Cuentas, en 2024 el gasto consignado a los cinco hospitales gestionados bajo concesión administrativa ascendió a 1.755,6 millones de euros. Esa cantidad se incluye en una partida llamada «convenios y conciertos para atención especializada», que se eleva hasta los 1.957,62 millones si se le añaden otros conciertos de menor importe como las ambulancias, las pruebas diagnósticas de imagen o las diálisis. En total, esa rúbrica se disparó nada menos que un 65,7% en 2024 respecto al ejercicio anterior, destaca el informe.
Además, a los 1.755,6 millones hay que añadir, explica la Cámara de Cuentas, una provisión por obligaciones pendientes de reconocimiento de esos mismos hospitales, que suma 438,2 millones. Es decir, en 2024 la factura total fue de 2.193,8 millones.
El informe detalla cómo se distribuyen esos pagos. La Fundación Jiménez Díaz se llevó 877,45 millones de euros, el mayor importe. Casi tanto como se les asignó a los otros cuatro hospitales bajo concesión administrativa, un total de 878,15 millones. Al Hospital de Torrejón, del grupo Ribera Salud, le correspondieron 144,4 millones de euros, la menor cuantía. Al Hospital Rey Juan Carlos se le reconocieron unas obligaciones de 350,3 millones; al Hospital General de Villalba, 195,67 millones, y al Infanta Elena, 187,78 millones de euros.
El canon creciente de la concesión de obra pública
Para los hospitales bajo concesión de obra pública, la factura es más escueta. Se les paga un canon. La Cámara de Cuentas se remite a otro informe, redactado por la Intervención General de la Comunidad de Madrid, que fiscalizó las cuentas de estos centros entre enero de 2021 y agosto de 2024. De ahí que la cifra más reciente que aporta se refiera a 2023: 198,6 millones de euros.
También menciona la Cámara de Cuentas una compensación de cinco millones de euros que se le asignó al Hospital Infanta Leonor de Vallecas –gestionado por el fondo de inversión holandés DIF Infrastructure– para restablecer el «reequilibrio económico» de su contrato con el Sermas por «ajustes en los servicios no asistenciales e inversiones de reposición» realizadas entre 2014 y 2021. Ese «reequilibrio económico» se establece en una cláusula de todos los contratos de concesión y es el que, por ejemplo, ha permitido a Torrejón Salud ingresar 121 millones de euros desde que Isabel Díaz Ayuso llegó al Gobierno madrileño. Los 32,8 millones reconocidos este mismo año han evitado su quiebra.
El informe de la Intervención General destaca, además, el enorme crecimiento de los cánones cobrados por los hospitales Infanta Sofía, Sureste y Puerta de Hierro, de entre un 61% y un 68% en esos tres años. Pese a la inquietante lista de «deficiencias en la gestión económica y presupuestaria» en esos centros que revela el documento: errores en la imputación presupuestaria del canon y de gastos ajenos al contrato, como servicios extraordinarios y de la covid-19; falta de tramitación previa de modificaciones contractuales y reequilibrios económicos; actuaciones sin expediente previo y sometidos posteriormente a convalidación; deficiencias en el seguimiento contable de los activos de concesión y en la gestión de inventarios, insuficiente control de los seguros exigidos a las concesionarias, carencia de control de las explotaciones comerciales en las zonas de gestión privada…
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