Alex Torres cumplió 20 años este lunes lejos de casa y sin nadie que le cantara el cumpleaños feliz. Esperaba que el día transcurriera como cualquier otro, hasta que al final de la tarde llegó un regalo inesperado al enterarse de que el Gobierno había anunciado una regularización extraordinaria para miles de personas migrantes como él en España. «Fue el mejor regalo de cumpleaños y el único que recibí», cuenta con alivio, como si por primera vez en mucho tiempo pudiera aflojar los hombros y sentir que quizá, por fin, podría conseguir un permiso de residencia con el que trabajar dignamente.

La regularización aprobada este martes por el Consejo de Ministros llega precisamente para personas como Alex, que ya viven y trabajan en España, pero lo hacen con menos derechos al no contar con papeles. La aceptación de la solicitud otorgará una autorización de residencia provisional con derecho a trabajo legal y acceso a la sanidad desde el momento en que se presente la solicitud. Además, suspenderá automáticamente órdenes de expulsión o procedimientos de retorno por motivos administrativos. El Gobierno estima que el plazo para presentar las solicitudes se abrirá a principios de abril, una vez completada la tramitación del Real Decreto, y se cerrará el 30 de junio. Para poder acceder a la regularización, es imprescindible haber residido de manera continuada al menos cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025 y no tener antecedentes penales.

En el caso de Alex, él llegó solo desde Argentina en marzo de 2024, recién cumplidos los 18 años. El mismo día que aterrizó se fue a un pueblo de Albacete a trabajar en el campo. «No hubo tiempo para pensar nada. Tenía que trabajar aunque fuese de manera irregular, no puedo vivir del aire», recuerda. Durante un año entero estuvo sin empadronarse, trabajando en negro, jornadas de ocho o nueve horas todos los días, incluidos sábados y domingos. Aguantó hasta que dejaron de llamarle porque «encontraron a otra persona sin papeles a la que le pagaban menos», explica a Público.

Cuando se quedó sin trabajo también se quedó sin dinero y sin comida, por lo que aceptó un nuevo empleo, a pesar de las malas condiciones. «Trabajé un mes y medio más de diez horas al día, los siete días de la semana. Me dijeron que me iban a pagar ocho euros la hora, pero no lo hicieron. Comía solo una vez al día, una lata de atún. Cuando reclamé mi dinero me despidieron sin darme nada», confiesa que no denunció por miedo, al estar sin papeles. Desde entonces ha contado con la ayuda de Cáritas para sobrevivir, pero confía en que la nueva medida le permitirá vivir tranquilo y con un trabajo digno. «Ahora se abre un poco de esperanza, para poder lograr, o al menos intentar, tener la vida que siempre soñé», añade.

El Hadji comparte ese mismo deseo. Tiene 21 años y llegó desde Senegal en patera a Fuerteventura en noviembre de 2023. Ahora vive en Sevilla y durante meses contó con el apoyo de CEAR mientras esperaba su permiso de asilo. «Conseguí la tarjeta blanca, que me permitió trabajar como carnicero. Pero en agosto de 2025 me denegaron el asilo y automáticamente perdí el permiso de trabajo y no pude seguir en mi empleo», relata. Desde entonces, ha ido enlazando trabajos en el campo cuando hay faena y el tiempo lo permite. «Trabajo de manera irregular, muchas horas, porque hay que sobrevivir de alguna forma. La regularización me ayudará sobre todo a volver a trabajar legalmente y estar tranquilo. Estar tranquilo es lo más importante”, remarca.

La misma palabra aparece en boca de Gloria: tranquilidad. Ella es colombiana y lleva casi cinco años en España junto a su marido, y ahora ambos podrán acogerse a la regularización. «Ojalá esto salga, así descansamos un poquito más, porque es duro trabajar tantas horas y vivir con la incertidumbre de que un día te digan que ya no te necesitan y te despidan sin darte ni las gracias», explica a Público.

Cuenta que durante tres años cuidó a una señora más de 15 horas al día por mil euros al mes, sin contrato, vacaciones ni derechos. Lo mismo le ocurre a su marido, que trabaja de forma irregular en una furgoneta de reparto, desde las seis de la mañana hasta casi las diez de la noche. «Todo el mundo quiere pagarte menos y que hagas más horas. Acabas aceptando por necesidad, pero estamos esperanzados de que esta nueva medida pueda cambiar esto».

Claudia, peruana de 33 años, también mira hacia la regularización con positividad. Llegó a España en abril de 2022 y presentó su solicitud de asilo, junto a su madre, en octubre de ese mismo año. Hace tan solo unos días recibió la denegación del proceso, pero ya prepara el recurso, que espera que sea aceptado tras la nueva medida. «Esta ley nos beneficia porque reduce los requisitos, no exige tener todos los documentos como el padrón y nos permite usar cualquier prueba que demuestre que hemos estado en España antes de la fecha límite. Esto me da la posibilidad de mejorar y de acceder a trabajos con mejores condiciones. Es una puerta de salida», señala.

La joven es odontóloga, pero, según cuenta, en Perú no podía ejercer ni abrir una clínica con seguridad. “Muchos colegas fueron víctimas de la delincuencia. Vinimos a España buscando seguridad y trabajo. Esta ley nos da la posibilidad de usar nuestras capacidades y de vivir más tranquilos, sin miedo a perder todo de un día para otro».