1.El olvido en la Ley de Memoria del papel criminal de la Iglesia durante el franquismo

«España en libertad. 50 años» es el lema principal de un proyecto que lanzó el Gobierno en 2025 con motivo del 50 aniversario de la muerte de Franco y que sigue en marcha en 2026. Desarrolla muchas actividades muy críticas con el franquismo, y por ello está estrechamente vinculado a la Ley de Memoria Democrática (LMD), de 2022. De hecho, ambas iniciativas comparten el marco institucional del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

La LMD satisface hasta cierto punto una deuda histórica y una importante demanda ciudadana en relación con el franquismo, y esto hay que celebrarlo con entusiasmo. Sin embargo, asombrosamente, ignora por completo –como ya lo hizo la Ley de Memoria Histórica de 2007– el papel que desempeñaron en la guerra civil y en la dictadura la Iglesia católica y el nacionalcatolicismo. No solo es asombroso, es inadmisible, dado que la ideología nacionalcatólica fue consustancial con esa dictadura, y la Iglesia, cómplice activa del golpe de Estado fascista y protagonista clave del control social y la criminal represión franquista. Qué mala memoria, o qué interesada amnesia selectiva tiene esa Memoria Democrática, por mucha mayúscula que se le ponga. Por fortuna, frente a esa sesgada Memoria, o Amnesia Democrática, está la Historia.

 2. ¿50 años de España en libertad, ¡pero qué me estás contando!? 

En la página del citado Ministerio sobre España en libertad. 50 años, podemos comprobar que ha habido algunos actos en los que sí se ha debatido el papel infame de la Iglesia durante el franquismo, como el que se celebró en junio de 2025 en el Ateneo de Madrid y el de octubre del mismo año en la Diputación de Zaragoza.

Pero ese tipo de constataciones históricas, perfectamente establecidas desde hace décadas, no han producido los efectos lógicos, éticos y políticos que cabría esperar. Sólo el olvido, o la negación, de que los principales malhechores del franquismo fueron miembros o cómplices de la Iglesia católica puede explicar la absoluta incoherencia de que, habiendo declarado ilegal el franquismo y su apología, no se haga otro tanto con los Acuerdos de 1976 y 1979 con la Santa Sede (actualizaciones del Concordato franquista de 1953), que conceden a la Iglesia enormes prerrogativas educativas, económicas, simbólicas, mediáticas, etc. Estas prerrogativas significan que, pese a que la Constitución proclama que «ninguna confesión tendrá carácter estatal», vivimos en un confesionalismo efectivo heredero del nacionalcatolicismo franquista.

Es decir, mucho alarde antifranquista pero ninguna acción para que no se sigan perpetuando los privilegios desorbitados del principal pilar ideológico del franquismo; más que cómplice y aliada, copartícipe y legitimadora.

Me parece evidente que en España no hemos estado «50 años en libertad», entre otras cosas porque la libertad de conciencia es incompatible con las desigualdades y abusos del confesionalismo que aquí denuncio («Estado confesional en libertad» es un oxímoron). Naturalmente, estas denuncias las comparten desde hace mucho tiempo diversas personas y colectivos, pero hay aspectos que no suelo encontrar recogidos suficientemente en sus quejas.

 3. El olvido de millones de víctimas de conciencia incruentas  

Al detallar los tipos de víctimas del franquismo, entre 1936 y 1978, la LMD incluye muy adecuadamente a personas fallecidas, detenidas, torturadas, deportadas, reprimidas, represaliadas, perseguidas, robadas cuando bebés…

Sin embargo, incluso cuando –fuera de la LMD, claro– sí se reconoce que esas personas fueron también víctimas del nacionalcatolicismo y la Iglesia, hay un olvido generalizado de otras, de millones de víctimas incruentas, que simplemente fueron adoctrinadas y amedrentadas para asumir una ideología rebosante de supremacismo machista (misógino y homófobo), de cotidiana y sistemática represión mental y física, y de una visión anticientífica y disparatada de la realidad (con creacionismo, milagros y entes celestiales). El control de la instrucción pública fue clave para la construcción de la identidad nacionalcatólica, además de para la manipulación y sumisión de las conciencias y los comportamientos.

Esas víctimas invisibles no sufrieron persecuciones, torturas, etc. –lo que sin duda era peor–, pero el cotidiano y generalmente piadoso daño moral e intelectual que padecieron las condujo a ser más infelices, a sobrellevar unas vidas más desgraciadas o mucho menos plenas; las mujeres vivieron especialmente sometidas. Podríamos caracterizar a todas esas personas como víctimas mentales, o de conciencia. Yo he conocido a bastantes, sobre todo mujeres, y no merecen el olvido.

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 4. La exigencia de «no repetición» de los abusos sobre las mentes infantiles  

Esos graves olvidos hacen que los «principios de verdad, justicia, reparación y no repetición», muy repetidos en la LMD, queden lejos de satisfacerse plenamente. No se cuenta una parte esencial de la «verdad», no se hace «justicia» ni se habla de ningún tipo de «reparación» sobre las víctimas de conciencia y, lo que es peor, no se hace nada por la «no repetición», pues se sigue permitiendo, e incluso incentivando por parte del Estado, que se sigan produciendo nuevas víctimas mentales.

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Después de medio siglo de la muerte del católico dictador, unos tres millones de niñas y niños (más o menos la mitad del total) son adoctrinados cada día por la Iglesia en las clases catequísticas de religión, por no hablar de la persuasión coercitiva en las parroquias y del acoso a la intimidad que se perpetra especialmente en las confesiones infantiles. Y todo este ataque dogmático a la autonomía moral, al pensamiento crítico y al desarrollo intelectual se prepara desde bien temprano, desde una también legal pero asimismo ilegítima e «irreversible» afiliación a la Iglesia mediante el bautismo de los menores. Así se las gasta la libertad de la fe. Hasta la Universidad pública participa en el atropello educativo infantil, pues –con la aquiescencia cobarde de rectores y rectoras– prepara a los adoctrinadores con cursos de catolicismo al dictado de los obispos.

Es decir, no basta con lo que se suele pedir respecto a la educación en pro de la memoria democrática, a saber: que se incluya en los currículos y textos escolares la historia del franquismo con una perspectiva de defensa de los derechos humanos (y menos si en vez de la historia se trata de la flaca memoria de la LMD). Todo eso tiene poco sentido si a la vez no se asegura, en lo que afecta de lleno a la infancia, la «no repetición»: el no adoctrinamiento religioso. Piensen que, además, los menores catequizados con mayor éxito serán más probablemente simpatizantes de ideologías ultraderechistas (los partidos de izquierda no parecen ser conscientes de esto).Y no sólo se está produciendo una clara vulneración de los derechos humanos infantiles en el plano mental. No ignoremos el vínculo del adoctrinamiento religioso con la creación de entornos de sumisión y abuso de autoridad que facilitan los abusos sexuales sobre la infancia. Y tampoco que el supremacismo masculino –tan propio de la enseñanza y la práctica ejemplar de la Iglesia– está detrás de gran parte de la violencia machista.

 5. Hacia «España en libertad y laicidad. Año 1»

En definitiva, sólo habrá una verdadera y completa memoria democrática cuando, mirando al pasado, se reconozcan plenamente las responsabilidades de la Iglesia y el nacionalcatolicismo durante el franquismo y se considere a todas sus víctimas, incluidas las «de conciencia».

Y sólo habrá una verdadera y completa democracia cuando, mirando al presente y al futuro, se acabe con todos los privilegios de la Iglesia, anulando para empezar los Acuerdos con la Santa Sede de 1976 y 1979 (y, por supuesto, los que más tarde se suscribieron con el resto de confesiones religiosas) y la Ley de Libertad Religiosa de 1980 (que ha de sustituirse por una Ley de Libertad de Conciencia como la que propone Europa Laica). También será preciso modificar los artículos de la Constitución que dificultan los avances. En pocas palabras, la democracia exige extinguir el confesionalismo actual pues, como explicó Gonzalo Puente Ojea, el laicismo es un «principio indisociable de la democracia».

Pero, sin necesidad de esperar a avances tan profundos, que deberían culminar en un Estado laico –que incluye una escuela universal pública y laica–, es necesario terminar cuanto antes con todo adoctrinamiento religioso infantil, empezando por el que se realiza –mediante las asignaturas de religión/catequesis y otras actividades confesionales– en los centros de enseñanza, sean públicos o privados.

Seguimos aún con los actos de «España en libertad. 50 años»: ¿tendrá el «Gobierno más progresista de la historia» coherencia y valor suficientes para culminarlos abordando estas exigencias democráticas de igualdad, justicia y derechos humanos? ¿Comenzaremos pronto el año 1 de esa nueva era? Esperemos, pues lo contrario sería un fiasco histórico imperdonable, especialmente teniendo en cuenta el acecho de la ultraderecha.

En cualquier caso, es fundamental que madres y padres se convenzan, sin tener que depender de inciertas decisiones políticas, de no apuntar a sus hijos e hijas a ninguna religión (ni a otras posibles actividades adoctrinadoras), y de respetar desde el nacimiento el desarrollo de su libertad de conciencia también en los ámbitos privados.

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