El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha desestimado el recurso presentado por Francisco Javier Martínez Peromingo, director general de Coordinación Sanitaria en mayo de 2020, en el que pedía que se sobreseyera el procedimiento abierto contra él por un supuesto delito de discriminación en la prestación de un servicio público, perpetrado en la primera ola del covid en las residencias de mayores de la Comunidad madrileña. 

Y la titular del juzgado, Isabel Durantez Gil, rechaza el sobreseimiento de forma contundente porque «resulta indiscutible»  y ha sido «expuesto de manera reiterada» que «el punto de arranque de la eventual discriminación por denegación de asistencia sanitaria viene constituido por la elaboración y aplicación de los denominados Protocolos de no derivación hospitalaria y por la ineficacia del Plan de choque» aprobado por la Comunidad de Madrid. La jueza sostiene que resulta «sobradamente constatada la implicación de Javier Martínez Peromingo en todo ello».

El auto, al que ha tenido acceso Público, también rechaza la solicitud del ex director de Coordinación Sociosanitaria para que se acumularan en un solo procedimiento las causas abiertas en siete juzgados madrileños a raíz de las denuncias presentadas por Marea de Residencias, cada una de ellas derivada de la muerte de un residente.

Para los familiares de los fallecidos en las residencias durante la pandemia, Martínez Peromingo es el «ideólogo» de los conocidos como protocolos de la vergüenza. Él coordinó el «Protocolo técnico», que complementaba el firmado por Carlos Mur de Víu, su antecesor en el cargo. Según la denuncia colectiva presentada por las entidades Marea de Residencias y 7291 Verdad y Justicia, esos protocolos supusieron «institucionalizar la discriminación por razón de enfermedad o discapacidad» que impidió el traslado de los mayores enfermos a los hospitales públicos de Madrid.

La jueza reitera en su auto los argumentos por los que ya rechazó en agosto acumular en una única causa las distintas denuncias. Martínez Peromingo recurrió esa decisión porque considera que se investigan los mismos hechos en procedimientos distintos –por juzgados de instrucción de Leganés, Navalcarnero, Collado-Villalba, Madrid, Valdemoro y Leganés– y porque los investigados en todos ellos también son los mismos: además del propio Martínez Peromingo, Carlos Mur y Antonio Burgueño, asesor de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en los inicios de la pandemia. A juicio del recurrente, la división en siete causas vulneraba su derecho de defensa.

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También geriatras y directores de residencias

Sin embargo, la jueza deja claro que, aun cuando coinciden los tres investigados en esos procedimientos, cada uno de ellos «se dirigirá o podrá dirigirse» contra otros posibles responsables: los geriatras de enlace de los hospitales, los geriatras de las residencias o sus directores. Es decir, los investigados terminarán siendo diferentes en cada causa. Además, cada procedimiento se refiere a una víctima distinta, «con padecimientos previos o situaciones de enfermedad diversos, internados en residencias diferentes, trasladados a centros hospitalarios antes de fallecer, en unos casos, o fallecidos en la propia residencia, en otros, con contextos asistenciales no coincidentes».  Con todos esos argumentos la jueza defiende una «instrucción diferenciada» de las causas.

Reitera también en el auto que la «existencia y aplicación» de los conocidos como protocolos de la vergüenza y el funcionamiento o no del Plan de choque –la medicalización de las residencias que no se llevó a cabo– fueron el «origen común» de los procedimientos.

Martínez Peromingo aduce igualmente que no es responsable de ningún delito respecto del fallecimiento del padre de una de las denunciantes, y para ello esgrime que carece de vinculación alguna con la residencia donde murió y que, cuando se produjo el óbito, él aún era geriatra del Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Una alegación que la jueza desecha resaltando la «constatada implicación» de Martínez Peromingo en la «elaboración y aplicación» de los protocolos de la vergüenza y del plan de choque.

La imputación tanto de Peromingo como de Carlos Mur y del asesor Antonio Burgueño por discriminar a los residentes en la prestación de asistencia sanitaria supuso un auténtico giro en la investigación de las muertes durante la primera ola del covid, al poner en el foco judicial al Gobierno de Díaz Ayuso.