Diego Ruiz Ruiz.-
tiempo proyecta sombras que los años no logran desdibujar; cicatrices que los calendarios no consiguen borrar. La Historia es un patrimonio irrenunciable que pertenece, por igual, a cada ciudadano.
Por eso, cualquier intento de mantenerla bajo llave no es protección, sino una claudicación ética que nuestra democracia ya no puede permitirse.
Aquel 23 de febrero de 1981, España se detuvo. En mi familia, el tiempo se fracturó por partida doble: ese mismo día falleció mi bisabuela Rosa, la partera del pueblo que trajo la vida a tantos hogares en tiempos difíciles.
Mientras mi familia la estaba velando, mi hermana —apenas una niña— correteaba por una casa donde el luto se mezclaba con el miedo de un país que contenía el aliento.
Al mismo tiempo, otro miembro de nuestra familia puso su vida al servicio de todos los españoles para tratar de sofocar la intentona golpista, lo cual añadió una mayor carga de incertidumbre al momento.
Mencionar aquí a mi hermana representa, a su vez, esa memoria que hoy nos corresponde dignificar.
Yo nací en 1983. Crecí bajo el amparo de una libertad que otros conquistaron, pero las sombras de aquel febrero han permanecido ahí, latentes. No como un fantasma, sino como una asignatura pendiente. Hoy, el debate sobre nuestros archivos regresa con una urgencia que interpela a todas nuestras instituciones.
La apertura de los documentos del 23-F debe entenderse como una política de Estado y un acto de madurez. No se trata de una medida coyuntural, sino de un paso esencial para que España se reconozca en las democracias más avanzadas, donde la transparencia es la norma y no la excepción.
Es imperativo abordar la reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Es una anomalía que una democracia del siglo XXI siga custodiada por una norma nacida en la dictadura. La transparencia no es una amenaza a la estabilidad; al contrario, oponerse a que la luz ventile los rincones oscuros de nuestro pasado sólo debilita los cimientos de nuestra convivencia. Un país fuerte es aquel que no tiene miedo a su propia historia.
Mientras esto pasa, sobre todo el Partido Popular levanta una cortina de humo contra esa “cortina de humo” que dicen es la desclasificación de estos documentos que es la vuelta del Rey Emérito Juan Carlos I.
Por este motivo, me parece oportuna y adecuada la respuesta de la propia Casa Real diciendo que si quieres volver el anterior monarca que lo haga pero atendiéndose a la legislación fiscal vigente en España. Esto supone, en mi opinión, un acierto total que va en la línea de lo que la sociedad española exige, que es la igualdad de todos los españoles y de todas las españolas ante la Ley.
Nuestra sociedad está preparada para la verdad sin tutelas. Conocer lo ocurrido es la mejor forma de honrar a todos aquellos que defendieron la legalidad constitucional aquel día.
Como recordaba Manuel Azaña, lo que realmente envilece a una nación es la mentira y el silencio. La verdad no es un arma partidista; es el cimiento más sólido sobre el que construir nuestra unidad futura.
Por eso, es hora de que España derribe por fin los muros del silencio. Curiosamente, esta misma semana ha fallecido uno de los protagonistas de aquel instante: Antonio Tejero Molina. Es como si a la “Anatomía de un instante” de Javier Cercas le faltara, justo ahora, el final más previsible de todos.